La postura de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Quintana Roo respecto a la propuesta de reforma al Artículo 1003 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado muestra una preocupación legítima por los potenciales efectos adversos que podría tener en el mercado inmobiliario y en la economía local.
Es comprensible su punto de vista de que incrementar el número de mensualidades impagadas requeridas para proceder con una demanda podría propiciar un ambiente que favorezca el incumplimiento y perjudique injustamente los derechos de los propietarios.
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La sugerencia de buscar un equilibrio más justo que proteja los derechos e intereses de ambas partes involucradas es sensata.
Es importante considerar cómo estas reformas podrían impactar tanto a los arrendatarios como a los propietarios, así como el efecto que podrían tener en la oferta de viviendas en alquiler y en la estabilidad económica de la región.
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Es alentador ver a una organización como COPARMEX abogar por los intereses ciudadanos y no solo empresariales, reconociendo que las decisiones legislativas en este ámbito pueden tener repercusiones más amplias en la sociedad.
Su llamado a los integrantes de la Legislatura para analizar cuidadosamente este tema refleja un enfoque responsable y orientado al bienestar común.